Opciones De Acciones De Xilinx

Opciones de compra de acciones para empleados y el caso Xilinx Transcripción 1 Volumen 55, Número 10 7 de septiembre de 2009 Opciones de compra de acciones para empleados y el caso Xilinx por Thomas Horst Reimpreso de Notas Fiscales Int 1, 7 de septiembre de 2009, pág. 849 2 Opciones de acciones para empleados y el caso Xilinx de Thomas Horst Thomas Horst es director gerente de Horst Frisch Inc. en Washington. Las opiniones expresadas en este informe son las opiniones profesionales del autor y no necesariamente las de cualquier otro individuo o cualquier organización. El análisis y conclusiones esenciales de este artículo fueron presentados en dos seminarios en 2008 en el programa de Maestría en Impuestos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. El autor está especialmente en deuda con David Rosenbloom no sólo por alentarlo a desarrollar y publicar este análisis, sino también por sus perspicaces comentarios y críticas de borradores anteriores. Este artículo aborda los aspectos administrativos económicos y tributarios del dictamen de agosto de 2005 de la Corte Tributaria en Xilinx, Inc. y Subsidiarias Consolidadas, Solicitante, contra Comisionado de Ingresos Internos, Demandado, Tribunal Fiscal No. (Xilinx). La principal cuestión tratada en Xilinx era si el costo de las opciones de compra de acciones de los empleados (OEN) que Xilinx Inc. otorgó a sus empleados relacionados con la investigación y el desarrollo se incluyó correctamente en los costos totales de RampD bajo un acuerdo de participación en el desarrollo de propiedad intangible entre Xilinx Inc. Y su filial de propiedad total, Xilinx Irlanda. El Tribunal de Impuestos dictaminó contra el IRS y acordó con Xilinx Inc. que la inclusión de RampD relacionados con los costos de la ESO era contraria al brazo s-length estándar. En junio de 2009, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos emitió una opinión dividida en la cual la mayoría confirmó la apelación del IRS de la opinión del Tribunal Tributario de 2005. La cuestión principal ante la Corte de Apelaciones era si, de conformidad con los reglamentos de la sección 482, se podría exigir que las partes relacionadas incluyan los costos de la ESO relacionados con RampD, incluso cuando las compañías que operan en condiciones de plena competencia no lo hubieran hecho. Es decir, la cuestión antes del Noveno Circuito era si el Tribunal Fiscal había aplicado correctamente la redacción ambigua de los reglamentos del artículo 482. Lo que no estaba en tela de juicio era si el Tribunal Fiscal estaba en lo correcto en su conclusión fáctica de que la inclusión de los costos de la ESO relacionados con la RampD en los costos totales que se compartirían en un acuerdo de costo compartido de RampD era contraria al estándar de la ss. En mi opinión, la cuestión principal abordada por el Noveno Circuito es legal, no económica, y por lo tanto no invita a un análisis económico posterior. Más bien, mi artículo aborda dos cuestiones que no fueron abordadas por el Noveno Circuito: si el Tribunal Tributario estaba en lo cierto sobre la cuestión fáctica de cómo el estándar de la longitud del brazo debería ser aplicado a los costos de Xilinx s ESO bajo un acuerdo RampD de costo compartido y las implicaciones Del dictamen del Tribunal Tributario para la administración del IRS de la sección 482. I. Antecedentes Hechos y Análisis A. Xilinx Inc. y sus ESO Xilinx Inc. estaba en el negocio de investigación, comercialización y venta de dispositivos lógicos programables de campo, otros circuitos integrados , Y otros sistemas de software. Xilinx Inc. 1 utilizó fabricantes no vinculados para fabricar y montar sus obleas en dispositivos de circuitos integrados. Al igual que muchas otras empresas de alta tecnología, Xilinx Inc. utilizó las ESO para atraer, retener y motivar a los empleados y alinear las metas de los empleados y empleadores. En términos generales, una ESO otorga al empleado el derecho a comprar un número determinado de acciones a un precio fijo (la huelga 1 Xilinx Inc. era (y es) la empresa matriz de Estados Unidos, y Xilinx Ireland era su subsidiaria irlandesa de propiedad total. , Es decir, el grupo afiliado de empresas (incluyendo a Xilinx Ireland) del cual Xilinx Inc. era el precio de la matriz) durante un período de años, ambos estipulados en el contrato de opción. El precio de ejercicio prácticamente en todos los OEN es el precio de mercado en la fecha de concesión. El resultado es que el empleado gana si el precio de la acción se aprecia antes de que se ejerza, pero no pierde nada si el precio de las acciones cae (porque la opción no se ejercerá cuando el precio de mercado sea inferior al precio de ejercicio). En la mayoría de los casos, los derechos del empleado a ejercer las opciones se conceden con el tiempo. Por ejemplo, un empleado podría tener el derecho de ejercer el 20 por ciento de las opciones después de un año de empleo, 40 por ciento después de dos años de empleo, y así sucesivamente. B. Tratamiento tributario estadounidense de las ESO En virtud de la legislación tributaria de los Estados Unidos, una empresa no reconoce ninguna deducción fiscal y un empleado no reconoce ingresos imponibles en el momento en que se otorga una ESO o durante el período en que la opción está pendiente pero no se ejerce. Cuando un empleado ejerce una opción de compra de acciones de una acción cotizada (como lo fue la acción de Xilinx Inc. durante los años en cuestión): La compañía generalmente reclama una deducción de impuestos, y el empleado reconoce ingresos ordinarios, igual a la ganancia del ejercicio (Es decir, el número de acciones multiplicado por el exceso del precio de mercado de la acción en la fecha de ejercicio sobre el precio de ejercicio). Si el empleado no vende realmente la acción en la fecha de ejercicio, cualquier ganancia o pérdida adicional en la venta posterior de la acción es ganancia o pérdida de capital para el empleado y no tiene impacto en los ingresos imponibles de la compañía. Para las opciones de compra de acciones (opciones de acciones de incentivos o ISO) que cumplían ciertas restricciones en el momento en que se emitieron, si el empleado no vende las acciones en el primer año después de ejercer la opción, la empresa no reclama deducción fiscal y el empleado no reconoce Ingreso ordinario en el momento en que se ejerce la opción. La ganancia o pérdida de capital a largo plazo se reconocería cuando la acción se venda sobre la base del exceso del precio de venta sobre el costo del precio de la acción de la acción. Además de reclamar una deducción fiscal cuando los empleados ejercieran opciones sobre acciones (como se explicó anteriormente), la compañía podría incluir el gasto de opciones sobre acciones otorgadas a sus empleados de RampD al calcular su crédito tributario RampD. 2 C. Acuerdos entre empresas Xilinx Ireland se creó en 1994 para fabricar dispositivos lógicos programables de campo y aumentar la cuota de mercado de Xilinx en Europa. Xilinx Ireland fabricó, comercializó y vendió el principal producto de Xilinx, dispositivos lógicos programables de campo, principalmente a clientes en Europa, y realizó algunos RampD. 2 Xilinx y la nota de pie de página RampD Acuerdo de participación en los costos El 2 de abril de 1995, Xilinx Inc. y Xilinx firmaron un Acuerdo de costo tecnológico y participación en el riesgo. Bajo los términos de ese acuerdo intercompañía: todas las nuevas tecnologías desarrolladas en o después de la fecha del acuerdo serían de propiedad conjunta, cada una de las partes estaba obligada a pagar un porcentaje de los costos combinados de RampD en función de los beneficios anticipados futuros relativos de la nueva tecnología RampD Los costos indirectos y los costos de los derechos de propiedad intelectual adquiridos de terceros (por ejemplo, regalías tecnológicas pagadas a licenciantes no vinculados): los costos directos incluían salarios, bonificaciones y otros costos de nómina relacionados con RampD y los costos indirectos incluidos Los gastos generales de administración, legales, contables y de seguros, así como los costes relacionados con las opciones sobre acciones concedidas a los empleados de Xilinx s RampD, se reflejaron en el cálculo de Xilinx del pago de la RampD por parte de Xilinx Ireland. Cuadro 1. Comparación de costos de RampD vs. RampD Empleo Xilinx Inc. vs. Xilinx Irlanda RampD Porcentaje de participación en los gastos FY 1997 FY 1998 FY 1999 Xilinx Inc. 73,6 73,4 65,1 Xilinx Irlanda 26,4 26,6 34,9 Total 100,0 100,0 100,0 Empleados de RampD Xilinx Inc Xilinx Irlanda Total Xilinx Ireland 1.7 2.8 3.9 2. Reembolso del costo de la opción de compra Separado del acuerdo de reparto de costos de Xilinx RampD, algunos empleados de Xilinx Ireland calificaron para Xilinx Inc. ESOs y Xilinx Inc. otorgó esas opciones de compra de acciones. En virtud de un Acuerdo de Intermediación de Opción sobre Acciones separado de 1996, Xilinx Ireland acordó reembolsar a Xilinx Inc. por los gastos incurridos por Xilinx Inc. con respecto a los empleados de Xilinx Ireland. El gasto reembolsado igualó la ganancia realizada por los empleados de Xilinx Ireland en el ejercicio de sus opciones de compra de Xilinx Inc.. D. EL COSTO ECONÓMICO DE LAS ESOs 1. Coste de Oportunidad versus Costo en Efectivo Desde la perspectiva de una empresa, las opciones sobre acciones no tienen costo en efectivo en el momento en que se otorgan o cuando se ejercen (ignorando Cualquier reembolso de la acción del empleado por la empresa). Las opciones sobre acciones tienen lo que los economistas llaman un costo de oportunidad, que se basa en el valor justo de mercado que la compañía ha perdido. Un ejemplo familiar de costo de oportunidad es el costo del capital propio de una compañía basado en la rentabilidad que habría esperado obtener si hubiera invertido en otros activos de riesgo comparable, en lugar del uso real de su capital. La mayoría de las compañías toman en cuenta el costo de oportunidad del capital para decidir qué inversiones de capital a largo plazo deben o no deben realizar. Por ejemplo, algunas compañías pueden comparar la tasa interna de rendimiento del flujo de caja proyectado de una nueva inversión a una tasa de obstáculos que refleja el costo de oportunidad del capital. Otras empresas pueden calcular el valor presente neto del flujo de caja proyectado de una nueva inversión utilizando una tasa de descuento igual al costo de oportunidad del capital. Es decir, las empresas y sus inversionistas pueden tomar en cuenta, en general, los costos de oportunidad, no sólo los costos en efectivo, cuando toman decisiones de inversión informadas. El costo de oportunidad de las opciones sobre acciones puede ilustrarse con un simple ejemplo. Supongamos que un inversor de capital podría invertir 10.000 (100 acciones a 100 por acción) en una empresa de riesgo que tenía un 50 por ciento de probabilidad de valer 23.000 después de un año y una probabilidad del 50 por ciento de perder valor. El rendimiento total esperado (en el sentido probabilístico de ese término) sería de 11.500, por lo que la tasa de rendimiento esperada sería de 15 por ciento anual. 3 Ahora supongamos los mismos hechos, pero también que un empleado (que no es el propietario) de la compañía se le concedió (con inmediata adquisición) la opción de comprar 10 acciones al precio de ejercicio de 100 por acción. Si la empresa pierde valor, el empleado rechaza la opción. Si la empresa se convierte en un valor de 23.000, el empleado ejerce la opción de comprar 10 acciones a 100 por acción. El total de los activos de la empresa sería entonces de 24.000, 4 que es igual a la acción sobre la base de las 110 acciones en circulación. 5 3 (11.500 - 10.000) / 10.000 15 por ciento anual. 4 La suma del valor de 23.000 de la inversión original de la empresa los 1.000 ingresos de la venta al empleado de 10 acciones a 100 por acción 24, 24.000 / las 110 acciones en circulación Debido a las opciones sobre acciones concedidas al empleado, el valor esperado De la acción original del accionista al final del primer año es 109.19, 6 por lo que la tasa de retorno esperada para el inversor original es igual a 9.2 por ciento al año. El costo de oportunidad de las OEN surge porque una opción de compra diluye el valor por acción de la acción cuando la acción se aprecia, pero no afecta a la pérdida de los accionistas cuando la acción se deprecia Black-Scholes Formula El valor de una opción de compra en el momento en que se Es fácil de calcular y no requiere especulación: equivale (1) al exceso del precio de mercado en la fecha en que se ejerce la opción sobre el precio de ejercicio estipulado en el contrato de opción, multiplicado por (2) el número de acciones estipulado en el Contrato de opción. Por el contrario, el valor de una opción de compra de acciones en el momento en que se concede es difícil de calcular y requiere especulación sobre las probabilidades y las tasas de apreciación del precio de las acciones futuras. En 1973, Fischer Black y Myron Scholes publicaron un artículo que proporcionaba una fórmula matemática para valorar todos los tipos de opciones, incluidas las opciones sobre acciones. El valor de una opción de compra de acciones antes de su ejercicio dependía de cinco valores de entrada: 1) el precio actual de mercado de la acción () 8 2) el ejercicio (o () 4) la variabilidad del precio de las acciones futuras en torno a su valor esperado () y 5) el plazo del contrato de opción (). Como se explica a continuación, el método del valor razonable de contabilidad para los ESO se basa en el valor de la fórmula de Black-Scholes en el momento en que se conceden las opciones. En la mayoría de los casos, el precio de ejercicio (valor número 2) es igual al precio de mercado en el momento en que se otorga la opción (valor número 1). El valor de la tasa de interés libre de riesgo (valor número 3) suele basarse en el rendimiento actual de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con el mismo vencimiento que el contrato de opción. Por consiguiente, los dos insumos clave en la aplicación de la fórmula de Black-Scholes a los ESOs sobre la subvención 6 ((50 por ciento de 218,18) (50 por ciento de 0)) Estos ejemplos numéricos ilustran el costo de oportunidad de los OEN. En términos más generales, asumiría que una empresa otorga ESOs solamente si la compañía espera que el beneficio (es decir, induciendo un mejor desempeño laboral del empleado o reduciendo los costos de compensación en efectivo) de la opción de compra sobrepasará su costo. 8 El valor () o (-) indica el impacto del valor de entrada en el valor de fórmula Black-Scholes de una opción para comprar una acción (una opción de llamada), manteniéndose constantes todos los demás valores de entrada. NOTAS DE IMPUESTOS INTERNACIONALES 7 DE SEPTIEMBRE 5 Call Premium 80 70 60 50 40 30 20 10 Figura 1. Opción de Black-Scholes Método de fijación de precios Premium de llamada vs. Volatilidad del precio de las acciones 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 fecha son la variabilidad esperada de El precio de las acciones futuras (valor número 4) y el plazo del contrato de opción (valor número 5). La variabilidad en los precios de las acciones generalmente se mide por la desviación estándar de la variación porcentual en un precio real de las acciones en torno a su valor esperado. La fórmula de Black-Scholes se derivó de la hipótesis de que los cambios en los precios de las acciones tendrían una distribución normal en forma de campana. Bajo una distribución normal, en aproximadamente dos años de cada tres el cambio de precio real, positivo o negativo, se espera que esté dentro de una desviación estándar del valor esperado. Por ejemplo, si se esperaba que el precio de las acciones se apreciara, por ejemplo, un 8 por ciento anual y la desviación típica en torno a esa tasa era del 12 por ciento anual, entonces en dos años de cada tres se espera que el cambio real no sea superior a 20 por ciento (es decir, 8 por ciento más 12 por ciento) y no menos de menos 4 por ciento (es decir, 8 por ciento menos 12 por ciento). En un año de cada tres, se espera que el cambio sea mayor de 20 por ciento o menos de menos 4 por ciento (ambos resultados son igualmente probables). En las figuras 1 y 2, he mostrado cómo los dos insumos clave la variabilidad de los precios de las acciones y la vigencia de la volatilidad del precio de las acciones el contrato de opciones afectan el valor de un ESO en la fecha de concesión bajo la fórmula Black-Scholes. La Figura 1 muestra que el valor de un ESO en la fecha de concesión aumenta en proporción directa a la desviación estándar de la variación en el precio del stock al que se aplica la opción. Intuitivamente, la variabilidad en el precio de la acción aumenta el valor de la opción porque cuanto mayor sea el potencial aumento en el precio de la acción, mayor será la posible recompensa para el titular de la opción. (Dado que la opción no se ejerce si el precio de las acciones disminuye, el valor de la opción no se ve afectado por el potencial riesgo a la baja). La Figura 2 muestra que el valor de una ESO en la fecha de concesión también aumenta en proporción directa al plazo de El acuerdo de opción. Debido a que la volatilidad de los precios de las acciones (el factor anterior) se mide por la posible desviación de la tasa anual de apreciación de los precios respecto a su valor esperado, mientras más larga permanezca la opción, mayor será la ganancia potencial durante el período de opción. 3. Costo del formulario de Black-Scholes vs. costo real Una apreciación clara de la diferencia entre el valor estimado Black-Scholes de una opción de compra de acciones en el 852 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009 NOTAS TRIBUTARIAS INTERNATIONAL 6 Call Premium 70 60 50 40 30 20 10 Figura 2 La fecha de concesión y el valor real en la fecha de ejercicio (o abandono) es importante. En el momento en que se ejerce o se abandona una opción, su valor real es seguro y fácilmente calculado, es el exceso, si lo hay, del precio de mercado actual sobre el precio de ejercicio multiplicado por el número de acciones estipulado. Por el contrario, la fórmula de Black-Scholes arroja el valor presente del valor futuro esperado de la opción de compra. 10 El valor futuro de la opción de compra de acciones es incierto porque tanto los precios futuros de las acciones como el tiempo futuro de ejercicio o abandono son inciertos. Por definición, el valor esperado es el promedio ponderado por probabilidad de todos los valores posibles. Las muchas cuestiones planteadas en la aplicación de la fórmula de Black-Scholes a los OEN de una empresa se deben a la necesidad de estimar el valor de mercado de esos OSE en la fecha en que se encuentran. 10 El dictamen del Tribunal Tributario mencionado a continuación se refiere al resultado de la fórmula Black-Scholes como el valor de la fecha de concesión. Plazo de Opción otorgado, en lugar de ser capaz de aplazar la valuación al futuro cuando los OEN se ejerzan o abandonan. E. Contabilidad Financiera para el Costo de los Principios de Contabilidad de la ESO La Opinión de la Junta 25 (APB 25) de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera reguló la información financiera de las empresas de los costos de la ESO de 1972 a APB 25 requería un método de valor intrínseco bajo el cual el costo El exceso, si lo hubiere, del precio de mercado de la acción sobre el precio de ejercicio en virtud del contrato de ESO en la fecha de concesión. Debido a que el precio de ejercicio en la mayoría de los OEN era igual al precio de mercado en la fecha de concesión, las empresas generalmente no informaron costos relacionados con los OEN. Bajo la propuesta inicial del FASB, el Estado de Normas de Contabilidad Financiera N ° 123 (SFAS 123) habría sustituido el método de valor intrínseco de APB 25 por un método de valor razonable bajo el cual: El valor razonable del OSE en la fecha de concesión sería estimado usando La fórmula de Black-Scholes descrita anteriormente. Por ejemplo, si un empleado tenía el derecho de ejercer el 20 por ciento de las opciones sobre acciones después de un año, el 40 por ciento después de dos años, etc., la compañía reconocería el 20 por ciento del valor razonable de La opción en cada año durante los cinco años siguientes a la concesión de la opción. El costo de valor razonable de un ESO se amortizaría durante el periodo de concesión de la subvención del ESO. 11 Si un contrato de ESO fue terminado (porque el empleo fue terminado o el precio de la huelga excedió el precio de mercado), una compañía restauraría a la renta cualesquiera gastos amortizados previamente. Una empresa no verificará los costos de la ESO previamente informados para reflejar cambios posteriores en el precio de mercado de la acción o el costo real de la ESO cuando se ejerce. Los capitalistas de riesgo y los grupos de la industria que abogaban por el statu quo de APB 25 criticaron fuertemente el método de valor razonable propuesto por el FASB. En octubre de 1995, el FASB promulgó el SFAS 123, según el cual el método del valor razonable era el método preferido, pero las empresas podían (y la mayoría de las empresas, incluyendo a Xilinx Inc.) seguir aplicando el método del valor intrínseco de APB 25. Una empresa que Se aplicó el método del valor intrínseco para revelar en una nota a sus estados financieros cuáles serían sus costos de ESO en el método del valor razonable. F. Tribunal Tributario 1. Posiciones de las Partes Al presentar declaraciones de impuestos para sus años fiscales que terminaron cerca del 31 de marzo de 1996, hasta el año 1999, Xilinx Inc. tomó la posición de que no estaba obligada a incluir en sus pagos RMSD los costos de la OEN porque En sus Avisos de Deficiencia, el IRS aplicó el artículo 482 para aumentar los costos totales de RampD (y, por tanto, la obligación de Xilinx Irlanda de reembolsar su parte asignada de los costos totales de RampD) a Incluya la parte de la deducción de impuestos de Xilinx Inc. (bajo IRC sección 83) para los costos de ESO atribuibles a los empleados de Xilinx s RampD ejercicio de opciones sobre acciones durante los cuatro años en cuestión. En junio de 2004, aproximadamente seis semanas antes de que comenzara el juicio de la Corte Tributaria, la Corte Tributaria otorgó una moción del IRS para enmendar su posición y basar su ajuste en la sección 482 para reflejar costos relacionados con RampD relacionados con la estimación de Black - Del SFAS 123. Entiendo que el IRS no rechazó su evaluación inicial basada en el diferencial, sino que afirmó que el valor de la fecha de concesión podría utilizarse en forma alternativa al spread. 2. Testimonio de Expertos Bajaj En el juicio, Xilinx Inc. llamó a un experto económico, Mukesh Bajaj, quien se dirigió a si las partes que trataban con independencia participaban en acuerdos de costo compartido de RampD que proporcionaban compartir o reembolsar a uno oa ambas partes los costos relacionados con RampD . Bajaj finalmente identificó 11 acuerdos que cumplían con las cuatro condiciones siguientes: una o ambas partes estaban involucradas en la conducción de RampD usando activos intangibles preexistentes, una o ambas partes compartidas en el costo de la RampD subyacente, una o ambas partes obtuvieron los derechos sobre los intangibles desarrollados bajo El acuerdo y ambas partes en el acuerdo eran sociedades anónimas y habían concedido ESOs a sus empleados en el año del acuerdo. Bajaj concluyó que ninguno de los 11 acuerdos prevé el reparto de los costos de las opciones sobre acciones. Dada la volatilidad de los precios de las acciones de las empresas que fueron parte de estos acuerdos, la apreciación del precio de mercado de las acciones de una empresa entre la fecha de otorgamiento de la ESO y la fecha en que fue ejercido podría ser muy grande y habría sido muy impredecible. Según Bajaj, si las partes hubieran tenido la intención de compartir los costos potencialmente grandes y muy inciertos de sus OEN, habrían previsto explícitamente ese resultado en sus acuerdos. Debido a que no encontró disposiciones de ese tipo en los acuerdos reales de reparto de costos de RampD, Bajaj concluyó que las partes no tenían la intención de compartir esos costos. 3. Testimonio Experto Newlon Scott Newlon 12, el experto económico del IRS en el caso, testificó que los OEN tenían un valor económico para los empleados y un costo económico (oportunidad) para Xilinx y otros empleadores y que no se les habría asignado un Cero valor en relaciones de s-longitud de brazo. En opinión de Newlon, el costo real en la fecha de ejercicio o el costo contable bajo el método del valor razonable en la fecha de la concesión podría razonablemente ser tratado como el costo para los propósitos de las regulaciones de costo compartido de la sección. Dado que Xilinx aplicó el costo real en la fecha de ejercicio en su Contrato de Opción de Compraventa entre Empresas, Newlon concluyó que el costo real en la fecha de ejercicio fue la mejor opción bajo los hechos y circunstancias de Xilinx. En su informe de réplica, Newlon explicó su desacuerdo con las conclusiones de Bajaj. En resumen, Newlon se centró en las diferencias entre (1) el método de RampD de costo compartido proporcionado por la sección de las regulaciones del IRS (en el que Xilinx y Xilinx 12 Newlon es mi colega en Horst Frisch Inc. y mi buen amigo. La información y el procedimiento general en Horst Frisch, Newlon no buscó mis puntos de vista en la preparación de sus informes de expertos en julio de 2009, he solicitado y revisado por primera vez sus informes primarios y de réplica del caso Xilinx. 854 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009 TAX NOTES INTERNATIONAL 8 Irlanda se había basado) y (2) los 11 acuerdos de terceros que Bajaj analizó en la Parte II de su informe pericial. De acuerdo con Newlon, el método de costo compartido proporcionado por la sección requiere: una determinación de los beneficios relativos que los participantes de costo compartido esperan recibir de los intangibles resultantes de la actual RampD y de los intangibles preexistentes contribuidos un pago de compra basado en beneficios esperados para compensar Por el valor de los intangibles preexistentes aportados por los respectivos participantes en la participación en los costos y un reparto de los costos totales actuales de RampD basados ​​en los beneficios relativos que los participantes en la participación en los costos esperan recibir. Newlon entonces evaluó los 11 acuerdos presentados por Bajaj y concluyó que cada uno de esos acuerdos difería en aspectos materiales del método de costo compartido de RampD proporcionado por la sección de las regulaciones del IRS. En la Tabla 2 de este artículo se adjunta la Tabla 1 del informe de refutación de Newlon. En ese cuadro, Newlon indicó puntos específicos en los que cada acuerdo se ajustaba al método de la sección (según lo indicado en a), difería del método de la sección (como se indica con una X) o no se podía deducir de la información proporcionada Por a). Haciendo referencia a ese cuadro, Newlon concluyó: Lo que resulta inmediatamente del predominio de X y las marcas en la tabla es que la mayoría de estos acuerdos difieren de un acuerdo de costo compartido a lo largo de muchas dimensiones que serían importantes para determinar si la compensación Que las partes en estas transacciones consideran costeables. En todos los casos, falta al menos una información sustancial sobre una característica clave, como las cuotas de beneficios esperadas, el valor de los intangibles aportados por las partes, la definición de los costos (si es que los hay) y cómo se comparten los costos (En su caso), y cuáles son los costos de las partes. No podemos esperar para determinar si un costo que no es explícitamente compartido o reembolsado es compensado implícitamente en los términos de la transacción a menos que tengamos información completa sobre todos estos factores. Otros reclamos de Xilinx Además de los argumentos anotados anteriormente, Xilinx hizo otros argumentos Para apoyar su conclusión de que los costos de la ESO de los empleados de RampD no deberían reflejarse en sus cálculos de participación en los costos: 13 Newlon refuttal report, p. 26. INFORMES ESPECIALES Los costos de las opciones de compra de acciones no eran costos de efectivo Los costos de las opciones de compra de acciones de Xilinx Inc. fueron sufragados por los accionistas de Xilinx Inc. y no los costos de las acciones de Xilinx s RampD no contribuyeron al desarrollo de los intangibles cubiertos por su costo compartido acuerdo. 5. Opinión del Tribunal Tributario La opinión del juez Maurice B. Foley finalmente adoptó muchas, si no todas, las reclamaciones hechas por Xilinx Inc. y rechazó las reclamaciones del IRS. Después de revisar los argumentos del IRS y Xilinx acerca de si el spread o el valor de la fecha de la concesión podrían considerarse costos como ese término fue usado en la sección (d) de la regulación, el juez Foley declaró, suponiendo que el spread y el valor de la fecha de concesión son costos para Efectos de la sección (d), Regs. Concluimos que las asignaciones del IRS no cumplen con los requisitos de la sección (b). La sección (b) estipula que para determinar el ingreso gravable verdadero, la norma que se aplicará en todos los casos es la de un contribuyente que se ocupa de una persona con un contribuyente incontrolado. Con respecto a la asignación de ingresos del IRS igual al spread en los OEN relacionados con RampD, el juez Foley concluyó: Las partes no relacionadas no compartirían el diferencial porque es difícil de estimar, impredecible y potencialmente grande en cantidad. La evidencia no contradictoria de Xilinx estableció que la certeza y el control son de suma importancia para las partes no relacionadas involucradas en arreglos de costo compartido. Sin embargo, el tamaño de la propagación se ve afectado por una variedad de factores, muchos de los cuales no están bajo el control de las partes contratantes. Más específicamente, el tamaño del spread se basa en el precio de ejercicio y el precio de las acciones en la fecha de ejercicio. Es indiscutible que los cambios en los precios de las acciones son frecuentes e impredecibles, y que una gran variedad de factores externos pueden influir en dichos precios. Con respecto a la asignación alternativa de ingresos basada en el valor de la fecha de concesión, el juez Foley concluyó: El IRS, que tenía la carga de la prueba con respecto a la teoría de la fecha de concesión, no presentó evidencia de que las partes no relacionadas, Una asignación de costos compartidos de opciones de dinero o los derechos de compra de planes de compra de acciones de empleados de ESPP. Por el contrario, la evidencia no contradictoria de Xilinx estableció que al determinar las asignaciones de costos, las partes no relacionadas no incluirían ningún costo relacionado con la emisión de OEN. En esencia, el IRS sostiene que Xilinx estaba obligada a asignar, y por lo tanto soportar consecuencias económicas tangibles relacionadas con, una cantidad que las partes no vinculadas no tratan como un gasto a efectos fiscales o de contabilidad financiera. Tabla 2. Tabla 1 Del Informe de Refutación del Dr. Newlon en el caso del Tribunal Tributario de Xilinx Cuadro 1. Comparación de los Acuerdos de Reparto de Costos de Bajaj RampD y Costos de la Sección Beneficios Compra-en Costos de Desarrollo Pagos No Basados ​​en Costos Otras Características Importantes Acuerdo Participación de Beneficios Determinado Pago Explícito Basado en Acciones de Beneficio y Valor Intangible Cualquier Costo de Desarrollo Tomado en Cuenta Costo Excluido Explicit Costo Acciones Costo Participaciones explícitamente vinculadas a beneficios Primas / Contingente / Milestone Regalías / Derechos de Licencia Acuerdo Lateral Incorporado Disposiciones de Opción Ambas Partes Contribuyen Servicios de Empleados 1 Avanzada Mirco Devices / Motorola XXXXXXX 2 Pfizer / Gensia X X. XXXX 3 Superconductor Americano / Inco Aleaciones XX X XXX 4 American Home Products / ViroPharma XXXXXXXX 5 Sinopsis / IBM XXXXXXXXXX 6 Estados Unidos Video Interactive / Vianet Technologies X X. XX 7 Hoechst Marion Roussel / Amylin Pharmaceuticals XXXXXXXXX ATAMPT / Triquint Semiconductor XXXXXXXXXXXX 9 InVision Technologies / EGampG Astrofísica XXXXXX 10 Pall Corporation / VI X X X X 856 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009 FISCAL NOTES INTERNATIONAL 10 X Bayer Corporation / Curagen Corporation 10 no cumple con el estándar de longitud de brazo estipulado en la sección (b), Reglas de Impuestos sobre la Renta. Los OEN generalmente no tienen un valor justo de mercado verificable en la fecha de concesión para los propósitos del apartado b) (3), Regs. Por lo tanto, el valor de la fecha de concesión no es un gasto de impuestos de acuerdo con el inciso 83. Durante los años en cuestión, la mayoría de las empresas utilizaron el método del valor intrínseco y, por lo tanto, no se requerían, a efectos de contabilidad financiera, registrar un gasto relacionado con opciones emitidas al precio y ciertos derechos de compra de ESPP. G. Tribunal de Apelaciones Junio ​​de 2009 Opinión Como se señala en la introducción a este artículo, en junio de 2009 el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos emitió una opinión dividida en la cual la mayoría sostuvo la apelación del IRS. La cuestión ante la Corte de Apelaciones era si, de conformidad con los reglamentos de la sección 482, se podría exigir que las partes relacionadas incluyeran los costos relacionados con la RampD en el cálculo de los costos totales que se compartirían en virtud de un acuerdo de costo compartido de RampD, Longitud no lo habría hecho. That is to say, the Tax Court s factual conclusion that including RampD-related ESO costs in total costs to be shared under an RampD cost-sharing agreement was contrary to the arm s-length standard was not disputed: The IRS does not dispute the tax court s factual finding that unrelated parties would not share ESOs as a cost. Instead, the IRS maintains ESOs are a cost that must be shared under section (d)(1), even if unrelated parties would not share them. Pages The issue addressed by the Ninth Circuit was the purely legal issue of how an apparent contradiction in the requirements of the section 482 regulations should be resolved: Section (b)(1) specifies that the true taxable income of controlled parties is calculated based on how parties operating at arm s length would behave. The language is unequivocal: this arm s length standard is to be applied in every case. In the context of cost sharing agreements, this would require controlled parties to share only those costs uncontrolled parties would share. By implication, costs that uncontrolled parties would not share need not be shared. In contrast, section (d)(1) specifies that controlled parties in a cost sharing agreement must share all costs. related to the intangible development area, and that phrase is explicitly defined to include virtually all expenses not included in the cost of goods. The plain language does not permit any exceptions, even for costs that unrelated parties would not share. Each provision s plain language mandates a different result. Accordingly, we conclude the two provisions establish distinct and irreconcilable standards for determining which costs must be shared between controlled parties in cost sharing agreements specifically related to intangible product development. The majority opinion was not persuaded by either party s attempt to harmonize these two provisions and ultimately concluded that under the canons of construction, the more specific requirements of the costsharing regulation section (d)(1) trumped the more general requirement of section (b)(1) that the standard to be applied in every case is that of a taxpayer dealing at arm s length with an uncontrolled taxpayer. That is to say, the all costs requirement of section (d)(1) was an exception to the general rule of section (b)(1) that the arm s-length standard be applied in every case. II. Treatment of ESOs For many companies, the treatment of ESO costs under an intangible cost-sharing agreement is irrelevant or immaterial. However, for many high-tech companies (such as Xilinx), ESO costs are significant, intangible cost-sharing agreements are widely used, and the share of the total benefit accruing to foreign subsidiaries in low-tax countries is substantial. As a result, the treatment of ESO costs under intangible cost-sharing agreements may have a significant impact on a company s reported financial results. The treatment of ESO costs under intangible cost-sharing agreements may have a significant impact on a company s reported financial results. Figure 3 is a stacked-bar chart that attempts to put the issues in Xilinx in an economic context: The total height of the three bars in Figure 3 is Xilinx s operating income before RampD expense as reported on the Forms 10-K Xilinx filed with the U. S. Securities and Exchange Commission for its fiscal years 1997, 1998, and 1999, respectively. 14 The top segment of the bar reflects Xilinx s reported RampD expense for a year. Having elected to continue to apply the intrinsic value method, 14 Xilinx s 52/53 week fiscal years end on the Saturday closest to March 31 of each year. TAX NOTES INTERNATIONAL SEPTEMBER 7, 11 Xilinx s reported RampD costs would not include any RampD-related ESO costs. The sum of the bottom three segments of Figure 3 reflects Xilinx s reported operating income for that year. To estimate the actual cost of ESOs that were exercised in each fiscal year, I multiplied (1) the number of ESOs exercised during the year by (2) the estimated average stock market price for that year 15 over the average strike price for options exercised during that year. 16 I have assumed that Xilinx s RampD-related employees accounted for 50 percent of total options exercised (with non-rampd employees accounting for the remaining 50 percent of total options exercised). 17 As a result, the middle two segments of the bars in Figure 3 reflect the cost of ESOs exercised by RampD and non-rampd employees, respectively. The conclusion that I draw from Figure 3 is that Xilinx s ESO costs were significant in comparison to both its reported RampD costs and its reported operating income during the years at issue. Consequently, an apportionment of RampD-related ESO costs to Xilinx Ireland had a material impact on Xilinx Inc. s reported U. S. tax liability for those years. III. Analysis A. Issues Addressed As indicated above, the purpose of this article is not to address the purely legal issue addressed by the Ninth Circuit in its June 2009 opinions. Rather my main purpose is to explain why I believe the 2006 opinion of the Tax Court erred in concluding that including the actual cost of RampD-related ESOs in the total costs to be shared was contrary to the arm s-length standard. My second purpose is to explain the broader significance for the IRS s administration of section 482 of the difference between my understanding of what is 15 I assumed that average stock market price for ESOs exercised during a year was the same as the average strike price of newly granted ESOs for a year. This assumption seems reasonable to me because new ESOs are always granted at the current market price. 16 Information about Xilinx s ESOs for the years at issue is provided in the notes to Xilinx s financial statements for those years included with its SEC Forms 10-K. 17 I believe this assumption has not overstated total RampDrelated ESO costs because the cumulative result over the three years is notably less than the comparable amount that I estimated by grossing up (1) the initial deficiency in income for a year calculated by the IRS (based on Xilinx Ireland s share of RampD-related ESOs exercised during the year) by (2) Xilinx Ireland s share of RampD costs under the Xilinx cost-sharing agreement. meant by the arm s-length standard and the Tax Court s understanding of that standard in Xilinx. B. ESO Costs and the Arm s-length Standard 1. Actual ESO Costs When Options Are Exercised Was the Tax Court correct in concluding that, as a factual matter, including RampD-related ESO costs in the total costs to be apportioned between Xilinx Ireland and Xilinx Inc. was contrary to the arm s-length standard I think not, even though I agree with Bajaj s conclusion that third-party agreements (for example, the agreement between Advanced Micro Devices and Motorola described in Bajaj s primary expert report) generally do not provide for the reimbursement or sharing of the parties actual ESO costs. The reasons for this result are easy to understand. Each company seeks to maximize its own profits and provides ESOs to its own employees to achieve that result. When two unrelated companies enter into a cost-sharing agreement to develop jointly beneficial intangibles, the scope of those agreements is typically limited in scope and falls well short of a total merger of the companies combined interests. Because the two companies interests overlap only regarding the subject of their cost-sharing agreement, the price of one company s stock may appreciate, while the price of the other company s stock depreciates. Accordingly, to avoid a risk that is largely unrelated to the joint development of intangibles, thirdparty agreements do not expose one company to the risk of the other company s stock price fluctuations. 2. Expected ESO Costs Based on Black-Scholes Formula Whether two unrelated companies would agree to share expected ESO costs based on the Black-Scholes formula as of the grant date, as opposed to the actual ESO costs as of the exercise date, is less clear now than it was during the years at issue (FY 1997 to FY 1999) in Xilinx. As explained above, SFAS 123 concluded that fair value was the preferred method of accounting for ESO costs, but nonetheless continued to allow companies to employ the intrinsic value method of APB 25. Because Xilinx and most other companies elected the intrinsic value method, which recognized no cost for ESOs having a strike price equal to the market price on the grant date, the Tax Court concluded that companies dealing at arm s length would impute no cost to RampD-related ESOs in an RampD costsharing agreement. However, in 2005 the FASB issued SFAS 123-R, which eliminated companies option of employing the intrinsic value method and mandated the fair value method in all cases. In applying SFAS 123-R, companies include ESO costs for the current year with other costs in the same functional categories for example, RampD-related ESO costs are included with other RampD costs. For example, Figure 4 shows the impact of ESO costs calculated under the fair value method on Xilinx s reported cost of revenues, RampD costs, SGampA 858 SEPTEMBER 7, 2009 TAX NOTES INTERNATIONAL 12 Figure 3. Reported RampD, Actual Cost of ESOs Exercised, and Adjusted Operating Income Xilinx, Inc. FY 1997-FY 1999 (Million ) 300 250 200 150 100 50 0 FY 1997 FY 1998 FY 1999 Reported RampD RampD ESOs Exercised (Est. at 50) Other ESOs Exercised Adjusted Operating Income costs, 18 and operating income, respectively, for its FY 2007, the first fiscal year affected by SFAS 123-R. Broadly speaking, ESO costs calculated under the fair value method increased Xilinx s reported RampD costs and its reported SGampA costs by approximately 12 percent. Those increases in reported RampD and SGampA costs plus a smaller increase in Xilinx s cost of revenues resulted in a reduction in Xilinx s reported operating income for FY 2007 of approximately 21 percent. 19 The SFAS 123-R requirement that companies apply the fair value method means that including RampDrelated ESO costs in total RampD costs is now in full 18 SGampA refers to selling, general, and administrative costs (and other costs included in operating expense). 19 Note that Figure 4 reflects the fair value of ESO costs on the grant date, while Figure 3 reflects the actual value of ESO costs exercised during the years at issue. TAX NOTES INTERNATIONAL SEPTEMBER 7, 13 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Figure 4. Impact of Fair-Value ESO Costs on Xilinx s PampL, FY 2007 Before ESO Cost After ESO Cost aa aa Operating Income SGampA Expense RampD Expense Cost of Revenues accordance with U. S. generally accepted accounting principles and applied by all public U. S. companies. In rejecting the IRS s alternative claim based on RampDrelated ESO costs calculated under the fair value method, the Tax Court s opinion in Xilinx relied mainly on its finding that companies (including Xilinx) were not required, and generally did not elect, to use the fair value method. Given the promulgation of SFAS 123-R in 2005, the Tax Court s reasoning in Xilinx would seem to support the IRS s alternative claim for fiscal years starting after December 31, Inherent Differences My main criticism of the Tax Court s finding in Xilinx does not focus on how companies account for ESO costs. Rather, I believe the Tax Court s finding did not take into account a significant economic difference between the nature of the ESOs at issue in an intercompany RampD cost-sharing agreement and the nature of the ESOs pertinent to third-party agreements like those considered in Bajaj s expert report. As explained above, given the limited scope of third-party RampD cost-sharing agreements, the stock prices of the two unrelated parties do not move in tandem. Neither company s stock price fluctuates based mainly on the success or failure of their joint RampD activity. By contrast, while Xilinx Inc. and Xilinx Ireland may be separate legal entities, Xilinx Inc. s publicly traded stock reflected the consolidated financial results of both companies, not the separate financial results of just the U. S. parent company. Their common 860 SEPTEMBER 7, 2009 TAX NOTES INTERNATIONAL 14 financial destiny is manifest in the ESOs that Xilinx Inc. granted options on its stock to Xilinx Ireland s eligible employees under its 1996 Xilinx Ireland/Xilinx Inc. Stock Option Intercompany Agreement. In effect, the options granted to the employees of Xilinx Ireland were not for the stock of a separate, unrelated company, but for the stock of a joint venture between Xilinx Inc. and Xilinx Ireland. By contrast, I am not aware of any third-party agreement in which one party granted options on its own stock to employees of the other party. The fact that Xilinx Inc. granted stock options to Xilinx Ireland s employees, but Advanced Micro Devices would never consider granting stock options to Motorola s employees, indicates to me that the arm s-length standard should allow a different treatment of RampD-related ESO costs in an intercompany cost-sharing agreement from the universal practice in third-party agreements. That is, the result would be different because the facts and circumstances are different. The purpose of a RampD cost-sharing agreement is to allow the participants to share both the costs and the benefits of their RampD. If the RampD employees of both cost-sharing participants qualify for options of the stock of what is in effect a joint venture company, RampD-related ESO costs should be shared in the same way all other RampD costs are shared. It also seems logical to me that if the value of the ESOs reflected the success or failure of the jointly funded RampD, two cost-sharing participants would want to share the actual cost of ESOs at the time they were exercised, rather than the estimated present value of ESO costs at the time they were granted. From Xilinx Ireland s perspective, if Xilinx s RampD were successful, Xilinx Ireland would have higher profits to compensate it for the higher cost of reimbursing Xilinx Inc. for the stock options granted to Xilinx Inc. s RampD-related employees. Conversely, if the RampD were unsuccessful, Xilinx Ireland s profits would be reduced, but so too would be the ESO cost reimbursements payable to Xilinx Inc. That is to say, sharing the actual cost of ESOs at the time of exercise is less risky from Xilinx Ireland s perspective than sharing the expected cost of the ESOs at the time they are granted the exact opposite of the result for ESOs in a third-party agreement. Accordingly, I would conclude that in the Xilinx Inc.-Xilinx Ireland context, the arm s-length result would be for Xilinx Ireland to reimburse Xilinx Inc. for the actual cost of the ESOs granted to Xilinx Ireland s employees when and if those options were exercised. Reimbursement of actual cost, not expected cost, was, of course, exactly the conclusion that Xilinx itself reached when it concluded the Xilinx Ireland/Xilinx SPECIAL REPORTS Inc. Stock Option Intercompany Agreement in The only mystery for me is why the straightforward logic of the 1996 Xilinx Ireland/Xilinx Inc. Stock Option Intercompany Agreement did not extend to Xilinx s 1995 Technology Cost and Risk Sharing Agreement. If Xilinx Ireland would be willing to reimburse Xilinx Inc. for the actual cost of Xilinx stock options granted to Xilinx Ireland s employees, why would Xilinx Ireland come to a different conclusion about the stock options granted to Xilinx Inc. s RampDrelated employees After all, under an RampD costsharing agreement, why would it matter whether the grantee was an employee of Xilinx Ireland or Xilinx Inc. The IRS appears to have acquiesced to a significant narrowing of its broad authority under section 482. In summary, I conclude that the Tax Court s opinion in Xilinx did not reach an arm s-length result because it failed to take into account the difference in the nature of the ESOs involved in Xilinx s intercompany agreement from the nature of the ESOs involved in third-party agreements. My conclusion is supported not only by economic logic, but also by the fact that Xilinx Inc. granted ESOs to employees of, and was reimbursed for the actual cost of those ESOs by, Xilinx Ireland. C. The Arm s-length Standard A second purpose of this article is to explain the potential significance of the Tax Court opinion in Xilinx for the IRS s administration of section 482. In broad terms, the language of section 482 gives the secretary of the Treasury (and by delegation the IRS) broad authority to allocate gross income and deductions among entities under common ownership or control in order to prevent the evasion of taxes or clearly to reflect income. The statutory language makes no reference to the arm s-length standard. However, the IRS has stated in its regulation section (b) that the standard to be applied in every case is that of a taxpayer dealing at arm s length with an uncontrolled taxpayer. 20 In my experience, reimbursement of a U. S. parent company s actual cost of ESOs granted to a foreign subsidiary s own employees is common practice and not peculiar to Xilinx. TAX NOTES INTERNATIONAL SEPTEMBER 7, 15 As explained above, in Xilinx the Tax Court found that the unrefuted evidence presented by the taxpayer was that unrelated parties participating in RampD costsharing agreements do not agree to share the cost of RampD-related ESOs. The Court therefore concluded that the IRS s reallocation of ESO costs was inconsistent with the arm s-length standard. On appeal, the majority opinion of the Ninth Circuit Court of Appeals stated: The IRS does not dispute the tax court s factual finding that unrelated parties would not share ESOs as a cost. Instead, the IRS maintains ESOs are a cost that must be shared under section (d)(1), even if unrelated parties would not share them. Pages Accordingly, the Ninth Circuit addressed the purely legal issue of reconciling the conflicting requirements of the section 482 regulations that: the arm s-length standard was to apply in all cases and an RampD cost-sharing agreement must include all RampD costs. Regardless of which opinion of the Ninth Circuit ultimately prevails, the IRS appears to have acquiesced to a significant narrowing of its broad authority under section 482. For example, I would have assumed that if Xilinx Inc. had claimed a tax deduction under section 83 for the cost of ESOs granted to Xilinx Ireland s employees, the IRS would have had the authority under section 482 clearly to reflect income by reallocating that deduction from Xilinx Inc. to Xilinx Ireland. The tax policy principle of matching of income and expense, not evidence of what parties do when dealing with unrelated parties, supports this result. As evidenced by its Stock Option Intercompany Agreement of 1996, Xilinx apparently agreed that a charge-back of ESO costs to Xilinx Ireland was appropriate. But the evidence Xilinx presented to the Tax Court regarding the RampD cost-sharing agreement might have been used to prove that the ESO costs of Xilinx Ireland s employees did not have to be charged back because such costs are not charged back in third-party agreements. 21 Absent the language of section (b) at issue in the IRS appeal of Xilinx to the Ninth Circuit, the IRS s authority to make section 482 allocations clearly to reflect income might not have turned exclusively on what unrelated parties do in actual third-party transactions. More generally, one could speculate about other provisions of the existing section 482 regulations that might be successfully challenged based on the type of evidence adduced in Xilinx. Rather than taking that risk (which in Xilinx has taken more than a decade to resolve), the Treasury Department and the IRS may wish to reconsider the sentence in section (b)(1) that declares the arm s-length standard must be applied in every case. The root of the problem laid bare by Xilinx is the inherent ambiguity of the arm s-length standard in cases when neither the comparable uncontrolled price method nor the comparable uncontrolled transaction method can be applied. 22 As is widely understood, a multinational corporation often structures intercompany transactions differently from the ways unrelated companies deal with one another. Xilinx provides ample evidence to support this generalization. Xilinx Inc. granted stock options to employees of its subsidiary, Xilinx Ireland, a transaction that does not occur in third-party dealings. Xilinx adduced extensive evidence that third-party RampD cost-sharing agreements do not provide for reimbursement of RampD-related ESO costs. But Xilinx did not structure its own intercompany agreement to resemble any of the third-party agreements it cites, thereby precluding any application of the CUT method based on those agreements to its own intercompany arrangement. My recommendation is that the clear priority stated in the existing regulations for transfer prices based on the CUP or CUT method be retained. But in other cases when such a method cannot reasonably be employed, the default should be to the statutory requirement to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income, not the frequently ambiguous arm slength standard. 21 Since the charge-back for ESO costs of Xilinx Ireland s employees would presumably have been covered by the provisions of the regulations pertaining to intercompany services, the specific exception from the all cases rule for the cost-sharing regulations allowed by the majority opinion of the Ninth Circuit would not apply. 22 In my understanding, the CUP or CUT method is based on the price or rate charged in a comparable transaction between unrelated parties. In general, the CUP or CUT method does not include other transfer pricing methods such as the intangible development cost-sharing method (section ), the residual profit-split method (section (c)(3)), or the comparable profits method (section ). 862 SEPTEMBER 7, 2009 TAX NOTES INTERNATIONALINTERNATIONAL TAX BLOG IS ALTERA THE CASE THE IRS HAS BEEN WAITING FOR As reported in todays issue of Transfer Pricing Report, two recent U. S. Tax Court petitions filed by Altera Corp. almost certainly represent the IRSs chosen litigating vehicle for the issue of stock option cost sharing. In the Altera cases, the IRS allocated 96 million to the company for 2004-07, most of it based on the argument that Altera should have included costs from employee stock options in its cost sharing agreement with a Cayman Islands affiliate. The IRS has made this argument beforefirst against Seagate Technology in a dispute over the companys 1991-92 years, and more recently against Xilinx for 1997-99. The IRS ended up conceding the issue in Seagate, and lost the Xilinx case in the Tax Court and (eventually) on appeal to the Ninth Circuit. Two factors could cause a different outcome this time around, however: (1 ) regulations issued in 2003 specifically stating that employee stock options must be included in cost sharing agreements and (2) the Supreme Courts decision in the Mayo Foundation case, which makes it harder for taxpayers to challenge the validity of IRS regulations. Samuel Maruca, the IRSs director of transfer pricing operations, has said for more than a year that the agency needs to produce some winners to improve its credibility in the transfer pricing area. Well stay tuned All Bloomberg BNA treatises are available on standing order, which ensures you will always receive the most current edition of the book or supplement of the title you have ordered from Bloomberg BNAs book division. As soon as a new supplement or edition is published (usually annually) for a title youve previously purchased and requested to be placed on standing order, well ship it to you to review for 30 days without any obligation. During this period, you can either (a) honor the invoice and receive a 5 discount (in addition to any other discounts you may qualify for) off the then-current price of the update, plus shipping and handling or (b) return the book(s), in which case, your invoice will be cancelled upon receipt of the book(s). Call us for a prepaid UPS label for your return. Its as simple and easy as that. Most importantly, standing orders mean you will never have to worry about the timeliness of the information youre relying on. And, you may discontinue standing orders at any time by contacting us at 1.800.960.1220 or by sending an email to booksbna . Put me on standing order at a 5 discount off list price of all future updates, in addition to any other discounts I may quality for. (Returnable within 30 days.) Notify me when updates are available (No standing order will be created). This Bloomberg BNA report is available on standing order, which ensures you will all receive the latest edition. This report is updated annually and we will send you the latest edition once it has been published. By signing up for standing order you will never have to worry about the timeliness of the information you need. And, you may discontinue standing orders at any time by contacting us at 1.800.372.1033, option 5, or by sending us an email to researchbna . Put me on standing order Notify me when new releases are available (no standing order will be created)Xilinx: A Case Study in Judicial Activism By Charles Cope and Thomas Zollo KPMG, LLP, Washington, DC With the nomination of a Supreme Court justice pending, the news media now are filled with commentators of all political persuasions decrying the perils of judicial activism and extolling the benefits of judicial restraint. Historically, judicial restraint has been associated with determining the plain meaning of a statute.1 By contrast, judicial activism, as it is known in common parlance, typically involves interpreting a statute in a light that advances the judges perception of legislative objectives.2 When interpreting Treasury regulations, some courts have exhibited a preference for a plain-meaning approach. The Tax Courts decision in Woods Investment v. Comr.3 is perhaps the preeminent example.4 Other courts have taken a more activist approach, utilizing the economic substance doctrine to resolve cases that might be handled otherwise.5 The Ninth Circuits decision in Xilinx appears to be a case study in judicial activism in a regulatory context.6 We believe, for the reasons discussed below, that other more conservative circuits are unlikely to find its reasoning persuasive. The facts and law relevant to the Xilinx case are relatively simple. On April 2, 1995, Xilinx, Inc. (Xilinx), a domestic corporation, and its Irish affiliate, Xilinx Ireland (XI), entered into a cost-sharing arrangement (CSA). Under the CSA, Xilinx and XI agreed to share their total research and development costs based upon specified percentages. During the years at issue, based upon the cost-sharing regulations definition of the pool of costs required to be shared and its method of accounting for employee stock options (ESOs) for financial accounting purposes, Xilinx did not include any cost for stock options in its cost pool. However, in computing its taxable income, as provided by 83(h),7 Xilinx deducted an amount equal to the income its employees recognized from the exercise of the ESOs, i. e. the spread, at the date of exercise, between the exercise price of its ESOs and the fair market value of its stock. The IRS, clearly dissatisfied with the results yielded by a literal reading of its own regulations, issued a deficiency notice to Xilinx, recomputing its income by including in its cost pool the difference between the fair market value of the stock covered by the ESOs on the date those options were exercised over the exercise price for the options. The 1995 Regulations Xilinxs CSA, in its 1997 through 1999 taxable years, was governed by regulations issued on December 19, 1995. Under these regulations, taxpayers were required to include in their cost-sharing pool all expenses related to the intangible development area. These expenses were defined to include operating expenses other than depreciation or amortization expense, plus the charge for the use of any tangible property made available to the qualified cost-sharing arrangement.8 The regulations contained two rules for accounting for costs. First, they provided that taxpayers must use a consistent method to measure costs and benefits.9 Second, they provided that taxpayers must maintain documentation to establish the accounting method used to determine the costs and benefits of the intangible development and, to the extent that the method materially differs from U. S. generally accepted accounting principles, an explanation of such differences.10 As the above italicized language requires that the cost pool be reconciled to U. S. GAAP, the implication is that the regulations considered U. S. GAAP to be an acceptable -- indeed, perhaps the presumptive -- method of accounting for costs. Financial Accounting Treatment of ESOs During the 1997 through 1999 taxable years at issue, Xilinx determined its compensation expense for ESOs for financial accounting purposes by applying Accounting Principles Board Opinion No. 25, Accounting for Stock Issued to Employees (APB 25). Under APB 25, the expense for stock options generally was measured based on their intrinsic value on the grant date. Hence, options that were issued with an exercise price at least equal to the stocks fair market value did not generate any expense. APB 25 was issued in 1972, and in April 1995 it was the primary standard for determining stock option expense under U. S. GAAP. In October 1995, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued Statement of Financial Accounting Standard No. 123, Accounting for Stock-Based Compensation (FAS 123) Editors Note: Effective for financial statements issued for interim and annual periods ending after Sept. 15, 2009, under the FASB codification, FAS 123 is primarily FASB ASC 718. Effective for fiscal years beginning after December 15, 1995, FAS 123 added the fair value method of valuing stock options as the preferred method for determining a companys stock option expense. As under APB 25, FAS 123 used the grant date, rather than the exercise date, as the appropriate date for measuring stock option expense. Moreover, while FAS 123 preferred the use of the fair value method for valuing stock options, it continued to permit companies to use the intrinsic value method of APB 25, albeit requiring pro forma disclosure of the difference between the two valuation methods. As an empirical matter, substantially all SEC reporting companies, including Xilinx, continued to determine stock option expenses using APB 25s intrinsic value method throughout the years at issue. The measurement of cost that the IRS used in its notice of deficiency did not correspond, in either timing or amount, to the measure of cost used in APB 25, FAS 123, or indeed any other measure of cost recognized by any accounting standard board. The legislative history to 83 indicates that Congress was not concerned with measuring an employers stock-based compensation costs, but rather with when and how to tax employees who received ESOs.11 The legislative judgment may have been that the difficulties of accurately measuring of the employees income prior to exercise (particularly in the context of private companies) and the employees limited access to liquid assets with which to pay his tax before exercise justified the deferral of taxation until the date of exercise. The timing and amount of the employers deductions simply represent a matching of the employers deduction with the employees income. Nothing in the legislative history to 83 indicates that Congress considered the employers deduction to be an appropriate measure of cost. The Issue Before the Court Based on these facts, the issue for the courts consideration was straightforward: Did the IRS abuse its discretion in requiring Xilinx to compute its cost-sharing pool by including the 83 valuation of stock options The answer to this issue should have been yes. As described above, the regulations contained a fairly clear statement that taxpayers were entitled to determine their cost pool based on U. S. GAAP, consistently applied, with two adjustments: taxpayers were required to reduce costs for depreciation and amortization and to increase costs by an amount equal to an arms-length charge for the use of tangible property made available to the CSA. The drafters inclusion of these two specific adjustments in the regulations, if anything, should be interpreted to mean that no other adjustments were required. The use of the U. S. GAAP rules for measuring stock option expenses can be reconciled with the arms-length standard, whereas the use of the 83 valuation amount cannot. Two uncontrolled cost-sharing participants presumably would agree to share the cost of employing their RampD workforce. To the extent that a workforce is compensated entirely in cash, that cost would be the employees cash compensation. To the extent that an employer is able to induce employees to accept ESOs in lieu of cash compensation, both the employer and the employees necessarily measure the value of the options at the time of grant, as neither party knows whether the options ultimately will prove worthless or valuable. From the standpoint of a third-party cost-sharing participant effectively purchasing a pro rata portion of the employees work product, the employer and employees agreement over the mix of the employees compensation between cash, ESOs, and other non-cash items would not matter the third party would expect simply to pay its share of the cash-equivalent value of the employees services. The Reasoning of the Ninth Circuit In a 2-1 decision, the Ninth Circuit concludes that Regs. 1.482-7(d)s requirement that participants to a CSA share all costs was incompatible with the arms-length standard. However, the majority opinion also concludes that when a specific provision (the all costs standard) conflicts with the more general standard (the arms-length standard), the more specific provision controls. Having concluded that the regulations required Xilinx to include all costs in its cost-sharing pool, the majority makes a critical assertion concerning the appropriate measure of costs in order to reach the tax policy result it desires: that Xilinx not be allowed a deduction for XIs share of the compensation for the employees services. The courts majority criticizes the use of APB 25s intrinsic value measurement of stock option expenses in comparison to the FAS 123 fair value measurement by noting that the FASB had referred to the fair value approach as the preferred approach. The majority then concludes that the IRSs use of the exercise-date spread was the appropriate measure of costs. Thus, the majority rejects both the arms-length standard of 482 and a literal reading of the regulations in order, in its view, to clearly reflect Xilinxs income for the years at issue. Shortcomings of the Majoritys Analysis The majoritys line of reasoning arguably has several shortcomings. First, while FAS 123 does indicate a preference for the fair value measurement approach over the intrinsic value approach, FAS 123 permitted companies to use either approach. Second, substantially all companies, in fact, continued to use the intrinsic value approach during the years at issue. Hence, the intrinsic value measurement approach certainly was a generally accepted accounting principle and not, as the court implies, a nonstandard one adopted at the whim of Xilinx. As discussed above, because the regulations indicated that costs could be measured in accordance with U. S. GAAP, Xilinxs reliance on APB 25 appears to have fully complied with the regulations. Third, even if one accepted the courts assertion that U. S. GAAP required companies to use the fair value method under FAS 123, the IRS did not make its adjustment by applying the fair value method. Rather, the IRS used the 83 amount that Xilinx deducted with respect to the ESOs. In upholding this approach, the court did not acknowledge the distinction between a deduction (granted as a matter of legislative grace) and a cost (an economic measure of burden), and permitted the IRS to make an adjustment based on a measure that the FASB never accepted as the appropriate measure of cost.12 The Arms-Length Standard in U. S. Income Tax Treaties In reaching its decision, the majority also concludes that its reading of the regulations, which repudiates the arms-length standard in this instance, does not conflict with the United States obligations under the 1997 U. S.-Ireland Income Tax Treaty (the Irish Treaty). The court reasons that there is no conflict because the saving clause in paragraph 4 of Article 1 of the Irish Treaty permits the United States to apply its domestic law (apart from the Irish Treaty) to determine the tax liability of U. S. citizens and residents (including U. S. corporations). Although there are a few exceptions, U. S. income tax treaties generally do not provide U. S. tax benefits to U. S. residents, in part because of concerns about the Constitutional authority to do so.13 Thus, the arms-length standard in paragraph 1 of Article 9 of the 2006 U. S. Model Income Tax Treaty (U. S. Model Treaty) offers no specific relief to U. S. corporations that are subject to the Ninth Circuits reading of Regs. 1.482-7(d)(1).14 U. S. income tax treaties do require the United States to follow the arms-length standard when determining the U. S. tax liability of qualified residents of the treaty partner.15 More important, the correlative adjustment provision in paragraph 2 of Article 9 of the U. S. Model Treaty (also included in the Irish Treaty) is a stated exception to the saving clause.16 Thus, the United States is required to make a correlative adjustment to the income or expense of a U. S. corporation when the tax treaty partner makes an adjustment to the income of a controlled resident of that state in order to reflect arms-length pricing of a transaction between the two companies and the United States agrees that the other states adjustment is arms-length. The majoritys opinion states that the Commissioner did not dispute the Tax Courts finding that unrelated parties would not share ESOs as a cost. The majority also finds that Regs. 1.482-1(a)(1) and Regs. 1.482-7(d) are irreconcilable standards. Does that mean that, should a foreign tax authority reject, as it very likely would, a deduction for a charge of the 83 amount of the ESOs of employees of a related U. S. company, the U. S. company may seek relief in a U. S. court, relying on Xilinx (stating that Regs. 1.482-7(d) does not reflect the arms-length standard) and the applicable income tax treaty, to force the IRS to not include that amount in its income The IRS very likely would not argue. We are not certain how a court would read the Irish Treaty in this case, and the majority does not address the issue. The term agrees in this context historically has meant that the U. S. Competent Authority (USCA) must agree that the foreign tax authoritys primary adjustment is arms-length. The USCA may still argue in a Mutual Agreement Procedure that unrelated parties would share the cost of ESOs measured as the spread between the stock price and the ESOs exercise price. In fact, the USCA typically will not take a position contrary to Chief Counsels litigating position. Nevertheless, given the language of the majoritys decision, arguing that the other states primary adjustment is not arms-length would seem to be an uphill battle for the USCA. In light of the governments position on this issue, and the reality that Competent Authorities need not reach agreement, a treaty with a mandatory arbitration provision may prove useful to a U. S. taxpayer in this situation. One must wonder how the majority would have balanced the arms-length standard in Regs. 1.482-1 with the all-costs rule in Regs. 1.482-7(d)(2) if it also had considered the United States obligations under the correlative adjustment mechanism in U. S. income tax treaties. Would the tax policy result have seemed as compelling when weighed against a treaty obligation For the reasons stated above, we have considerable doubt that other more conservative circuits will follow the reasoning of the Ninth Circuit. Taxpayers facing this issue outside the Ninth Circuit17 will have to carefully weigh the strengths of the various arguments made by the four judges who have considered this issue to date when determining their tax reserves for financial accounting purposes. In addition, taxpayers, including those in the Ninth Circuit, should evaluate their opportunity to achieve relief under an income tax treaty in their particular circumstances. This commentary also will appear in the August 2009, issue of the Tax Management International Journal. For more information, in the Tax Management Portfolios, see Warner and McCawley, 887 T. M. Transfer Pricing: The Code and Regulations, and Levi, 890 T. M. Transfer Pricing: Alternative Practical Strategies (Chapter 9, Cost Sharing Arrangements), and in Tax Practice Series, see 3600, Section 482 -- Allocations of Income and Deductions Between Related Taxpayers, and 7110, Foreign Income Taxation -- General Principles. 1 See Oliver Wendell Holmes, Jr. The Theory of Legal Interpretation, 12 Harv. L. Rev. 417 (1899) and more recently Antonin Scalia, The Rule of Law as a Law of Rules, 56 U. Chi. L. Rev. 1175 (1989). 2 This lawmaking ability of judges has been explained and justified by various legal scholars over time. One of the more influential texts has been Henry Melvin Hart amp Albert M. Sacks, The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law (tent. ed. 1958). 3 85 T. C. 274 (1985). 4 This Court will apply these regulations and the statute as written. 85 T. C. at 282. 5 See Stobie Creek Investments, LLC v. U. S. 82 Fed. Cl. 636 (2008) (the Court of Federal Claims rejected the IRSs anti-abuse regulation in favor of applying the economic substance doctrine in order to rule for the government) Charles I. Kingson, Coltec: Thin Gruel, 117 Tax Notes 1294 (12/24/07). 6 Xilinx, Inc. v. Comr. No. 06-74269, slip op. (9th Cir. May 27, 2009), 2009 U. S. App. LEXIS 11118, reversing Xilinx, Inc. v. Comr. 125 T. C. 37 (2005). 7 All section references are to the Internal Revenue Code of 1986, as amended, unless otherwise indicated. 8 Regs. 1.482-7(d)(1) before its amendment by T. D. 9088 (8/25/03). All the references herein to Regs. 1.482-7 are to the regulation as in effect during the years at issue. 10 Regs. 1.482-7(j)(2)(i)(D) (emphasis added). 11 See S. Rep. No. 91-552 at 119-24 (1969) H. R. Report No. 91-413, pt. 1, at 86-89 (1969). 12 To illustrate the potentially distortive consequences of the courts reasoning, suppose a company granted a stock option with a strike price of 100x to an employee on a date when the value of the option stock was 100x. Under APB 25s intrinsic value approach, the companys cost would be zero, while under FAS 123s fair value approach the cost might be 30x or 40x. However, the IRSs approach leaves the cost measurement open until exercise, when the value could be zero or could be 1,000x or 1,000,000x. Through its timing and valuation approach, the IRS therefore would achieve results inconsistent with those to which uncontrolled parties would agree, inconsistent with what the FASB has ever recognized as appropriate, and, most important, inconsistent with what the regulations required. 13 The U. S. Constitution requires tax laws to originate in the House of Representatives. U. S. Constitution, Article I, Section 7. Tax treaties are reviewed by the Senate. U. S. Constitution, Article II, Section 2. The Senate Foreign Relations Committee has been reluctant to approve a treaty that provided a U. S. tax benefit to U. S. citizens or residents not found in the Code. See Joint Committee on Taxation, Staffs Explanation of Proposed Income Tax Treaty and Proposed Protocol between the U. S. and Mexico, JCS-16-93 (10/26/93) (discussing expansion of the U. S. charitable contribution deduction by treaty). 14 Query whether as a matter of treaty policy it should, given that the arms-length standard has long been a central element of 482. The most likely reason is that 482 has long been considered a sword in the hands of the government. See Regs. 1.482-1(a)(3). 15 U. S. Model Treaty, Article 9(1). Thus, the United States may impose a tax at source on only an arms-length amount of income, such as business profits. 16 U. S. Model Treaty, Article 1(5)(a). 17 The Tax Court must follow the decision of the Ninth Circuit with respect to litigation arising within that circuit. See Golsen v. Comr. 54 T. C. 742 (1970). All Bloomberg BNA treatises are available on standing order, which ensures you will always receive the most current edition of the book or supplement of the title you have ordered from Bloomberg BNAs book division. As soon as a new supplement or edition is published (usually annually) for a title youve previously purchased and requested to be placed on standing order, well ship it to you to review for 30 days without any obligation. During this period, you can either (a) honor the invoice and receive a 5 discount (in addition to any other discounts you may qualify for) off the then-current price of the update, plus shipping and handling or (b) return the book(s), in which case, your invoice will be cancelled upon receipt of the book(s). Call us for a prepaid UPS label for your return. Its as simple and easy as that. Most importantly, standing orders mean you will never have to worry about the timeliness of the information youre relying on. And, you may discontinue standing orders at any time by contacting us at 1.800.960.1220 or by sending an email to booksbna . Put me on standing order at a 5 discount off list price of all future updates, in addition to any other discounts I may quality for. (Returnable within 30 days.) Notify me when updates are available (No standing order will be created). This Bloomberg BNA report is available on standing order, which ensures you will all receive the latest edition. This report is updated annually and we will send you the latest edition once it has been published. By signing up for standing order you will never have to worry about the timeliness of the information you need. And, you may discontinue standing orders at any time by contacting us at 1.800.372.1033, option 5, or by sending us an email to researchbna . Put me on standing order Notify me when new releases are available (no standing order will be created)